Las señales son claras. Se empieza a cerrar un ciclo. Los casos de financiamiento irregular de la política chilena están llegando a su fin.
Ocurrió hace una semana con la suspensión condicional del juicio a Iván Moreira, en una arista del Caso Penta. Hoy, en el Caso SQM con el anuncio de la Fiscalía de sobreseer a 58 investigados en una de las aristas.
Los delitos tributarios se configuraron, explicó el Fiscal a cargo Pablo Gómez. Pero están prescritos. Se va cerrando un ciclo. Y el término, eso es seguro, no será el que la mayoría esperaba.
Revelada la intrincada relación espúria -o incluso corrupta en algunos casos- que determinó el curso de nuestra política, la expectativa fue alta. Se esperaban condenas ejemplares a aquellos que no solo pudieron haber cometido delito, sino que además traicionaron la confianza pública.
Pero aquello probablemente no llegará. Faltas de querellas del Servicio de Impuestos Internos, prescripción en algunos casos o las bajas penas de nuestra legislación que, con atenuantes de por medio, llevan a salidas alternativas.
Eso explicará, gran parte, este desenlace. Con el agregado fundamental de un entramado político-judicial que, a lo menos, entorpeció las investigaciones. Se va cerrando un ciclo y la sensación ambiente no es buena.
Es de impunidad, de ausencia de reproche. Justificado o no, ese malestar irá creciendo. Y con ella el daño para nuestro sistema político y los riesgos para la Democracia.
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